La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, propuso al Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados ampliar la iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones, que busca eliminar la simulación en los procesos competitivos en esta materia, y fortalecer la fiscalización desde la Función Pública, garantizándole su facultad de interpretación de la Ley, lo cual ocurre actualmente sólo para la Secretaría de Hacienda.
Durante la reunión, aclaró que de ninguna forma se busca eliminar los recursos para la cultura, la ciencia o el deporte, sino que esos apoyos se ejerzan de manera transparente, honesta y con rendición de cuentas.
En la administración aún existen 60 fideicomisos sin vínculo alguno con pensiones, derechos laborales o instrumentos de deuda del Estado mexicano que pueden desaparecer para recuperar los recursos que se requieren para afrontar los desafíos económicos del país, aseveró.
La titular de la Función Pública hizo un reconocimiento a los legisladores “por comprender que no estamos aquí para atender los intereses de unos cuantos, sino para defender el interés superior de todos los mexicanos”.
“Es un orgullo decir que este gobierno se ha caracterizado por el respaldo de las y los mexicanos”, manifestó, al señalar que la recuperación de la confianza ciudadana en la lucha contra la corrupción la han refrendado organismos internacionales totalmente imparciales como Transparencia Internacional.
Afirmó que como un primer paso “restablecimos la fiscalización con un enfoque preventivo, y en 2019 se realizaron casi 3 mil 400 actos de fiscalización, de los que derivaron más de 10 mil observaciones, lo que nos ha permitido evitar y corregir desfalcos”.
Para mantener el ritmo de trabajo y consolidar los logros obtenidos hasta ahora por la Función Pública en el combate a la corrupción y a la impunidad, la secretaria Sandoval Ballesteros llamó a las y los diputados a legislar reglas mínimas para el otorgamiento de medidas de protección eficaz a la denuncia ciudadana de la corrupción.
Estableció que la Función Pública cuenta con el Sistema de Alertadores Ciudadanos Internos y externos de la Corrupción con excelentes resultados, y abundó que “la ley tendrá que ser garantía para el anonimato y la confidencialidad; para evaluar los riesgos y las medidas de protección a las víctimas y proporcionarles las medidas de reparación correspondientes”.

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