• Las entidades del país que faltan deben redoblar esfuerzos para lograr la aprobación de su Política Estatal Anticorrupción, así como la interconexión con la Plataforma Digital Nacional.

Durante la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los integrantes le dieron la bienvenida a Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y se despidieron de Rosa María Cruz Lesbros, quien presidió su última Sesión como presidenta y quien terminará su encargo el próximo 8 de febrero de 2021.

En el encuentro que se transmitió en vivo, se presentó el Cuarto Informe de avances relacionado con las Políticas Estatales Anticorrupción (PEAs) en el que se destaca que a pesar de la actual pandemia no se han frenado los trabajos de elaboración y aprobación de éstas.

Se puso de manifiesto que se ha continuado con el seguimiento oportuno a las solicitudes de los sistemas estatales, brindando apoyo técnico y retroalimentación a cada propuesta y política recibida. Esto refleja un proceso cada vez más ágil y orientado para lograr que más entidades cuenten con su propio instrumento rector en materia de combate y control de la corrupción, articulado con la Política Nacional Anticorrupción.

Se informó que al cierre del 2020, siete entidades (Estado de México, Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas) ya cuentan con una política estatal y otras diez registran avances sustanciales en la materia.

De igual forma, se presentó el Informe de avances de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción en el desarrollo de la Plataforma Digital Nacional (PDN), en el que se detalla que la Secretaría de la Función Pública, el Estado de México y Zacatecas ya se encuentran conectadas al sistema 2, en tanto que la Secretaría de la Función Pública, el Estado de México y Sonora al sistema 3, que corresponde a los servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, y a los Servidores públicos y particulares sancionados, respectivamente.

La SESNA ha puesto a disposición de las Secretarías Ejecutivas estatales diversos materiales y herramientas de libre uso a fin de que las entidades faltantes, redoblen sus esfuerzos para lograr la interconexión con la Plataforma en el presente año.

También se presentó el Informe Anual del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y el Informe por parte de la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana (CPC) respecto del material de difusión que realiza en coordinación con el Instituto Nacional Electoral en combate a la corrupción en materia electoral.

En el marco de la presentación del Informe de la Presidenta del CPC, fue aprobada por mayoría la recomendación no vinculante dirigida a los Congresos de las entidades federativas que en sus leyes locales anticorrupción hayan dispuesto la creación de Sistemas Estatales de Fiscalización, a que realicen las reformas legales conducentes para la correcta integración y funcionamiento de los Sistemas Locales Anticorrupción en términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que tiene como objetivo garantizar el funcionamiento eficaz y eficiente del Sistema Nacional de Fiscalización mediante la coordinación de trabajo efectivo y evitando la duplicidad de funciones en las labores de fiscalización.

Asimismo, se aprobó el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2020 del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de fecha 15 de octubre de 2020 y el Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité Coordinador.

En la reunión virtual, en asuntos generales, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Pública, presentó los resultados de la implementación de los formatos de declaraciones patrimonial y de intereses.

Enfatizó los esfuerzos realizados por la dependencia que encabeza, al indicar que

se pasó de una cifra de 209 mil declaraciones presentadas en 2019, a más de un millón 300 mil servidores públicos que cumplieron con esta obligación al cierre del 2020. Recordó que se multiplicó el número de sujetos obligados al pasar de 222 mil a un millón y medio de servidores públicos obligados.

En la Sesión pública estuvieron presentes, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; María de la Luz Mijangos Borja, Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Pública; Rafael Anzures Uribe, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Loretta Ortiz Ahlf, Representante del Consejo de la Judicatura Federal; Rosa María Cruz Lesbros, Presidenta del Comité Coordinador, y Ricardo Salgado Perrilliat, Titular de la SESNA.