El pasado martes 20 de febrero de 2018, en la Ciudad de México, la Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, propuso fortalecer el sistema de denuncias enfocado en faltas administrativas y hechos de corrupción, así como reforzar el sistema de protección a denunciantes.

Durante la ceremonia de inauguración del seminario “El nuevo procedimiento de responsabilidad administrativa”, señaló que hay algunos aspectos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) que son susceptibles de mejora.

Ante el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pedro Salazar Ugarte, explicó que entre esos aspectos está el fortalecer las atribuciones de las autoridades que intervienen en el proceso de investigación e imposición de sanciones.

Asimismo, consideró que se debe ponderar la pertinencia de crear una institución independiente que brinde el servicio de defensoría pública a los servidores públicos, durante el procedimiento administrativo.

Acompañada por el Magistrado del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, José Patricio González Loyola Pérez, Gómez González también propuso robustecer el Servicio Profesional de Carrera y la capacitación de los servidores públicos en torno al procedimiento de responsabilidad administrativa.

Adelantó que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, del que forma parte, acordó la creación de un Grupo de Trabajo con el objeto de analizar íntegramente dicha Ley General y las demás leyes relacionadas con este Sistema.

“La implementación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas ha sido una tarea compleja y ardua”, reconoció. Explicó que hoy coexisten el régimen administrativo sancionador anterior y el actual; y este último requiere personal especializado y exige de un andamiaje institucional.

“Es indispensable adelantarnos a los tiempos y aceptar que, como toda norma, la Ley General de Responsabilidades Administrativas es perfectible”, reiteró.

La Titular de la SFP explicó que las reformas a la Constitución que, en mayo de 2015, dieron vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), representan, como lo dijo el Presidente Enrique Peña, un cambio de paradigma para combatir de manera frontal la corrupción, y un paso histórico a favor de una nueva cultura de la legalidad.

Explicó que, en ese marco, en julio de 2016 fue publicada la LGRA, que contiene elementos innovadores: permite una coordinación de mayor profundidad entre los tres órdenes de gobierno, categoriza las faltas graves y las no graves, encauza los casos de mayor gravedad al Tribunal de Justicia Administrativa o al Ministerio Público, según corresponda, y establece procedimientos que refuerzan la garantía de audiencia y separan las etapas de investigación, substanciación y resolución.

Destacó además que en los procedimientos debe observarse el principio de presunción de inocencia, “y la sanción solo puede ser impuesta cuando haya quedado comprobada la responsabilidad del infractor o ésta se encuentre más allá de toda duda razonable”.

A la inauguración también asistieron el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, José Gabriel Carreño Camacho; y el Coordinador de Órganos de Vigilancia y Control, Christian Noé Ramírez Gutiérrez; ambos de la SFP.

Boletín de prensa. Publicado en: La Jornada, 20 minutos.